Hace un año, el Parlamento aprobaba la ‘Ley de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda’, que tenía el objetivo de rebajar y congelar los precios de los nuevos contratos de alquiler en las áreas con un mercado de vivienda de fuerte demanda. Un año después de la entrada en vigor de esta ley, la oferta de viviendas en arrendamiento ha disminuido un 42% en la ciudad de Barcelona, según datos del portal inmobiliario Idealista.
La ley no ha impactado en los precios
Además, durante este mismo período en que se ha implantado el control de precios, Barcelona ha registrado una reducción en sus rentas del 8,2%, una cifra inferior a la de Madrid, donde los precios han disminuido un 9,3 %, sin ninguna ley que regule el precio del alquiler.
‘Hace un año con la entrada en vigor de esta ley ya alertamos que la normativa llevaría a la paralización de este sector inmobiliario, y a una reducción del parque de viviendas en arrendamiento’, señala Joan Franquesa, socio director de la inmobiliaria santcugatense Feliu Franquesa, que afirma que ‘la consecuencia principal de esta situación, es un aumento de la demanda, que junto con la reducción de la oferta, está provocando que los futuros inquilinos tengan un mercado mucho más reducido, lo que dificultará todavía más el acceso a una vivienda de alquiler’.
Este aumento de la demanda queda reflejado, en el índice de la demanda relativa que elabora el portal Idealista, midiendo el número de contactos que recibe de media cada anuncio de alquiler. Durante el mes de septiembre de 2020 este índice se situaba en el 1,7, mientras que durante la misma semana de 2021, este indicativo llegó hasta los 4,8, una cifra récord.
Necesidad de un parque público de alquiler
‘En los últimos años en que se ha evidenciado la necesidad de vivienda asequible, también se ha incrementado la tributación a la propiedad privada. Con la aprobación de estas medidas coercitivas, el sector público está trasladando al sector privado su falta de actuación durante muchos años, que ha provocado un déficit de vivienda. social. La escasez de un parque público de alquiler es responsabilidad de la administración, y no de los propietarios privados’, señala Franquesa, que admite que la regulación de los precios no es la medida adecuada para mejorar la accesibilidad a la vivienda. ‘Hay que apostar por medidas que generen seguridad jurídica y que incentiven el desarrollo de un parque de vivienda de alquiler’ y reclama la necesidad de buscar un equilibrio justo entre la protección del inquilino y los intereses de los propietarios.