El pasado 14 de abril el gobierno de coalición alcanzó un acuerdo con ERC y Bildu para desbloquear la ley de vivienda, aprobada por el Consejo de Ministros a principios de 2022. El acuerdo implica entre otras cosas limitar la subida de los alquileres al 2% en 2023 y al 3% en 2024, así como rebajar el concepto de gran tenedor de diez a cinco viviendas en zonas tensionadas.
Una de las grandes novedades de la nueva ley es que el IPC dejará de ser el índice de referencia para subir los alquileres anualmente. En 2024 el tope máximo que podrá subir un alquiler será del 3%, ya partir de 2025 la actualización anual se referenciará a un nuevo índice oficial a crear, y que no permitirá incrementos superiores al IPC. La ley también establece que a partir de ahora los gastos y honorarios inmobiliarios siempre los tendrá que pagar el propietario y no los inquilinos.
Zonas tensionadas
La nueva normativa dejará en manos de las comunidades autónomas la definición de zonas tensionadas, donde los grandes tenedores no podrán alquilar la vivienda por encima de unos índices de precios establecidos y los pequeños tenedores no podrán hacerlo por encima del contrato anterior. La nueva ley permitirá que Catalunya pueda recuperar la ley de regulación de alquiler que tumbó al TC en marzo de 2022.
La inmobiliaria Feliu Franquesa considera que las medidas que se pretende implementar ‘denotan un desconocimiento de la realidad del mercado’, y lamenta una vez más la inseguridad jurídica que sufre el mercado de la vivienda. Maria Andreu, socia directora de la inmobiliaria sancugatense, asegura que las medidas anunciadas, como es el caso del tope de precio, ‘provocarán una paralización de este sector inmobiliario’.
Andreu pone de ejemplo la experiencia vivida en Barcelona, con la ‘Ley de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda’ aprobada en 2020 por el Parlament de Catalunya, que provocó que un año después de su entrada en vigor la oferta de viviendas en arrendamiento disminuyera un 42% en la ciudad condal. ‘La ley provocará que los propietarios opten por la opción de vender el inmueble ante una caída de la rentabilidad, dificultando aún más el acceso a la vivienda de alquiler a los colectivos sociales más vulnerables, en especial a los jóvenes’.
La socia directora de Feliu Franquesa considera que rebajar el concepto de gran tenedor de diez a cinco viviendas en zonas tensionadas “desvirtúa el concepto en sí y la finalidad reguladora”. Según Andreu, “se carga sobre las personas con un patrimonio inmobiliario superior al de la media el problema social de la vivienda, que es responsabilidad de la administración publica. La escasez de un parque público de alquiler es potestad del gobierno, y no de los propietarios privados”.