La inmobiliaria Feliu Franquesa alerta de que esta medida puede reducir el parque de viviendas en arrendamiento.
El gobierno español prorrogará hasta finales del 2023, el límite a la subida del alquiler del 2%. La medida forma parte del real decreto para hacer frente al impacto de la guerra de Ucrania y está dirigida a proteger a los inquilinos del aumento de la inflación. Por ello, establece que los contratos a los que corresponda la revisión anual no se revalorizarán en función del IPC, sino del Índice de Garantía de Competitividad (IGC), un índice situado en el 2% y que no puede superar ese porcentaje de acuerdo a su definición.
Esta limitación de la subida de los alquileres al 2% en los contratos que se renuevan afecta desde el pasado mes de marzo como tope obligatorio a los grandes tenedores (propietarios con más de 10 viviendas), mientras que para el resto se aplica cuando no existe ningún otro acuerdo entre las partes.
La inmobiliaria Feliu Franquesa lamenta una vez más la inseguridad jurídica que sufre el mercado de la vivienda, y reclama medidas para que este límite del IPC no recaiga únicamente sobre los hombros de los propietarios. Maria Andreu, socia directora de la inmobiliaria santcugatense considera que ‘este tope tensionará aún más al alza los precios, y provocará que muchos propietarios decidan retirar sus viviendas en arrendamiento, y desviará la oferta al sector de la venta, agravando el problema del acceso a la vivienda a los colectivos sociales más vulnerables’.
Según Andreu, “se carga sobre los propietarios el problema social de la vivienda, que es responsabilidad de la administración. Los propietarios de este país que necesitan seguridad jurídica y económica, y sobre todo dejar de pagar los platos rotos. La escasez de un parque público de alquiler es potestad del gobierno, y no de los propietarios privados”.
La inmobiliaria Feliu Franquesa, fundada en 2002, ofrece todas las gestiones que tienen que ver con servicios inmobiliarios y jurídicos, además de otros servicios complementarios, como el asesoramiento en herencias y testamentos, la gestión de las plusvalías y otras operaciones bancarias asociadas a las gestiones inmobiliarias.