La nueva ley 12/2023, de 24 de mayo, a la que se ha denominado Ley de Vivienda, trae algunos cambios sustanciales. En Feliu&Franquesa te explicamos algunos de sus aspectos positivos y algunos de sus desafíos.
La redefinición de las nuevas zonas tensionadas ha sido uno de los temas más discutidos. De acuerdo con la nueva normativa, las comunidades autónomas tienen la potestad de decidir si designan determinadas ciudades, municipios o regiones territoriales como áreas de mercado residencial tensionadas.
Actualmente, solo se debe cumplir uno de los dos requisitos para calificar como un área tensionada. Por un lado, que los gastos de alquiler o hipoteca de la zona superen el 30% de la renta media de los hogares. Por el otro, que el precio de alquiler de la vivienda haya experimentado un crecimiento acumulado al menos un 3% superior al IPC de la Comunidad Autónoma en general.
La nueva ley podría tener un efecto significativo en los contratos de alquiler de los propietarios en estas áreas. La principal justificación es que la nueva legislación sugiere una serie de medidas que son aplicables única y exclusivamente a los alquileres situados en zonas tensionadas.
Esta ley también sugiere modificaciones que afectan a todos los contratos de alquiler, independientemente de que una región esté tensionada o no. Asimismo, se establece un tope de actualización de rentas del 3% para 2024 y para 2025, el IPC ya no se utilizará como índice de referencia para la actualización anual de los contratos, lo que significa el fin de su relación con el precio del alquiler. El límite del 2% se mantendrá hasta finales de 2023.
La obligación de pagar el alquiler de forma electrónica es otra novedad y finalmente, se decide que el propietario será responsable de pagar los costes asociados con la administración del inmueble y la formalización del contrato.
Con estos cambios, se considera que la capacidad de los propietarios para generar un rendimiento suficiente de su inversión estará restringida por los topes de precios. En definitiva, las restricciones a los aumentos de alquiler pueden dificultar la capacidad de cambiar los precios en respuesta a las condiciones del mercado.
Es posible que estas acciones cambien la forma en que los propietarios administran sus propiedades de alquiler. Como resultado, puede haber menos viviendas de alquiler disponibles en el mercado, lo que haría más difícil para los inquilinos encontrar viviendas disponibles. Será importante prestar mucha atención a cómo cambian estas nuevas políticas en los meses y años siguientes.